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Legislación Fiscal y Laboral

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Legislación Fiscal y Laboral

Legislación laboral

La legislación laboral española establece, sin ningún tipo de excepción, que todo el que trabaja en el Estado español debe estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social en alguna de las modalidades existentes.
Contratación de personal comunitario
La contratación de personal comunitario es la misma que la contratación de personal local. Los trabajadores comunitarios que deseen trabajar en el Estado español deberán dirigirse al Gobierno Civil para solicitar un número de identificación para extranjeros (NIE). Una vez obtenido este número, gozarán de las mismas condiciones que cualquier ciudadano español.
Seguridad Social
La Seguridad Social vela por la salud de todos los habitantes del Estado español en caso de enfermedad, maternidad, invalidez, accidentes laborales o enfermedades profesionales. Todos los españoles y residentes en el Estado español tienen derecho a recibir atención de la Seguridad Social, como también los familiares o asimilados que estén a su cargo.
Salud y seguridad en los rodajes
Obligatoriamente, las empresas con trabajadores deberán cumplir unas normas de seguridad e higiene. Las mutuas de trabajo son las responsables de la cobertura de este riesgo y, por este motivo, colaboran en la implantación de la prevención de los riesgos laborales (Ley de Prevención de Riesgos Laborales) sin coste para las empresas.
Contratación de menores de edad
El artículo 6 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 2 del Real Decreto 1435/1985 prohíben de forma taxativa y genérica la admisión en el trabajo de menores de dieciséis años, con la única excepción de su participación excepcional en espectáculos públicos.
Según el artículo 11 de la Resolución TRI/670/2005, esta participación requiere la autorización previa y expresa de la autoridad laboral, para lo cual se deberá cursar solicitud de autorización para que el/la menor sea contratado/a. El tutor del/de la menor debe presentar esta solicitud ante la Delegación Territorial del Departamento de Trabajo del Gobierno Vasco correspondiente, adjuntando la fotocopia del documento nacional de identidad del menor. Este organismo citará tanto al tutor del/de la menor como al representante legal de la empresa contratante para que aporte la documentación justificativa del trabajo que realizará el/la menor, así como de las condiciones en que éste/a deberá realizar su trabajo. La Delegación Territorial tomará una resolución sobre esta petición después de que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social emita su informe.
Actualmente, la empresa productora es la que inicia los trámites para la contratación del menor, por lo que se pone en contacto directamente con la oficina de Servicios Territoriales y aporta la documentación requerida.  A partir de esta documentación, se realiza una inspección para evaluar las condiciones de trabajo. Por tanto, se tendrá en cuenta el papel que va a representar el menor, su estado de salud, las condiciones de trabajo (la atmósfera, la remuneración, el tiempo de descanso, la higiene y la seguridad), la no asistencia al colegio, la supervisión de los progenitores durante el rodaje, etc.

 

Legislación Fiscal

Tanto las empresas como los profesionales autónomos tienen que pagar una serie de impuestos de acuerdo con la actividad que llevan a cabo. Estos impuestos son los siguientes: el impuesto sobre actividades económicas (IAE), el impuesto sobre el valor añadido (IVA), el impuesto de la renta sobre las personas físicas (IRPF) y, en el caso de las empresas, el impuesto de sociedades (IS).
Impuesto sobre actividades económicas (IAE)
La Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que, desde el año 2003, las empresas y los profesionales que ejercen una actividad de carácter empresarial, profesional o artístico con una facturación anual inferior a un millón de euros estarán exentos del pago del IAE. Además, se ha introducido una serie de bonificaciones para las sociedades y los autónomos a los que les corresponda seguir pagando el impuesto. Puede tramitarse en dos puntos diferentes, según la localidad donde se dé de alta el impuesto: los ayuntamientos y el organismo de gestión tributaria (Hacienda).
Impuesto sobre el valor añadido (IVA)
De acuerdo con el sistema europeo de implantación del impuesto sobre el valor añadido (IVA), en el Estado español se grava una tasa a la venta de productos o a la prestación de servicios. Las compañías establecidas en el Estado español pueden deducir esta tasa a partir de las facturas que emiten (IVA transferido) y que reciben (IVA soportado). La documentación pertinente debe presentarse en la correspondiente delegación de Hacienda, y dependiendo de cada actividad, deberán liquidarse los impuestos correspondientes. Algunos trabajadores profesionales freelance están exentos del IVA. Éste es el caso de quienes realizan actividades artísticas: actores, guionistas e intérpretes, entre otros. Los extranjeros comunitarios pueden recuperar el IVA de los servicios recibidos y del material adquirido en el Estado español (como el alquiler del local, el equipo técnico, los decorados, el material de rodaje, los platós, el alquiler de coches, etc.), siempre que puedan acreditar desde su país de origen que son «sujetos pasivos de IVA». Para conseguir esta devolución han de tramitar el impreso correspondiente («Refund of Value Added Tax to Foreign Businesses») en las entidades competentes de cada país. Los extranjeros no comunitarios sólo podrán solicitar la devolución del IVA si su país tiene firmado un convenio de colaboración con el Estado español.
Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)
Las retenciones del IRPF se calculan según el salario recibido y las condiciones familiares y particulares de cada persona. Los profesionales trabajadores freelance tienen que aplicar en las facturas que generen la retención de un 7% durante los primeros tres años de actividad comercial, y de un 15% a partir del tercer año de ejercicio de la actividad. Todos los gastos necesarios para llevar a cabo su trabajo son deducibles, como también lo es la correspondiente cotización a la Seguridad Social.

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